El juicio por Facundo Rivera Alegre: Más preguntas que respuestas y una certeza.

El imaginario popular supone que, cuando una causa judicial llega a la instancia del juicio oral, se conocen los detalles del crimen y “se devela la verdad”. La realidad, en cambio, muestra que en más de una ocasión, y especialmente cuando se trata de crímenes de estado, el debate es el broche de oro de la impunidad. La expectativa, concentrada en una serie de jornadas que prometen verdad y justicia, termina en una mayúscula frustración que, en el mejor de los casos, conduce, como en el viejo juego de la Oca, de vuelta a la salida, como si fuera el primer día. Sólo que, con años transcurridos desde el hecho, la viabilidad del reinicio de la investigación ya está perdida antes de recomenzar.

El recurso funcionó con causas de prioridad nacional y trascendencia internacional, como el atentado criminal en la sede de la AMIA, en la que el juicio oral sólo “sirvió” para probar que todo se hizo tan inexplicablemente mal, que semejante torpeza sólo pudo ser deliberada. Veintiún años después, reina la impunidad. No pude sorprender, entonces, que recurrentemente suceda lo mismo con las víctimas del aparato represivo estatal.

En estos casos suele usarse la táctica del “perejil”, preferentemente alguien vulnerable, sin recursos, y, mejor aún, con algún retraso mental. El 9 de septiembre de 1997, en Cipolletti, Río Negro, desaparecieron las hermanas Paula y Emilia González y su amiga Verónica Villar. A los dos días, las chicas aparecieron muertas en un terraplén. El caso, popularizado en los medios como “triple crimen de Cipolletti”, tuvo todos los ingredientes del encubrimiento policial y político. Rápidamente se acusó a dos indigentes, que tuvieron que ser liberados, para volver a elegir a otros dos, uno de los cuales fue curiosamente condenado por el secuestro, pero no por los asesinatos, que 18 años después siguen impunes. Al término del juicio oral, un familiar de las chicas declaró: “Fue un juicio que nos dejó más preguntas que respuestas”.

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Algo semejante está mostrando el juicio oral por la desaparición de Facundo Rivera Alegre en Córdoba. La Cámara 11 del Crimen ya escuchó todos los testigos aportados en apoyo de la inverosímil tesis de la fiscalía, que supone que Facundo, “el Rubio del Pasaje”, fue asesinado en un barrio alejado del lugar donde se lo vio por última vez (el estadio del centro, donde tocaba una banda de cumbia que le gustaba) porque intentó pagar drogas con dinero falso. Luego, los dos presuntos autores del crimen, hijos de una conocida transa del barrio –uno de 15 años…-, habrían escondido el cuerpo con tanta habilidad que nunca fue descubierto, y seis u ocho meses después lo habrían cremado en el cementerio municipal de San Vicente. Allí, el cerebro habría sido un empleado que no sabe leer ni escribir y tiene una discapacidad mental que no le permite operar maquinaria alguna, menos aún un complejo horno crematorio. Un cementerio, además, con constante presencia de cuatro a seis policías de guardia a metros de los hornos, que no funcionan sin que se note.

Frente a un tribunal más interesado en saber si Facundo tomaba alcohol, consumía drogas o era peleador, que en reconstruir lo que pasó ese día de febrero de 2012, ya es evidente que la madre de no obtendrá ninguna respuesta, así como ni siquiera tuvo una explicación razonable de por qué fue su teléfono celular el que se mandó intervenir al inicio de la “investigación”.

Mientras tanto, el Rubio sigue integrando el listado de más de 200 personas desaparecidas en “democracia”, la enorme mayoría, como él, como Luciano Arruga, Iván Torres, Luciano González o Julián Antillanca, pibes de barrio sistemáticamente acosados por la policía.

Llegarán los alegatos y una sentencia anunciada, que, con o sin condena, no contendrá ni verdad ni justicia, aunque sí confirmará lo que ya sabemos: ¿Quién, sino el propio aparato estatal, puede desaparecer un cuerpo por años? ¿Quién, sino el propio aparato estatal, puede urdir una falsa trama y obturar toda posibilidad de investigación real?

Frente a las verdades que, por oposición, nos muestra este juicio, cobra fuerza y se impone como certeza la necesidad de profundizar la organización y la lucha, sin depositar ni un tantito así de confianza en el estado, sus gobiernos y sus promesas.

Por: María del Carmen Verdú.

Integrante de CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional) abogada, vinculada con víctimas y familiares de víctimas de la represión policial e institucional.