Desaparición de Facundo Rivera Alegre: el Estado debe agotar todas las líneas de investigación

*Por Manuel Trufo

La investigación que llevó adelante la justicia cordobesa sobre la desaparición de Facundo Rivera Alegre pone de manifiesto la incapacidad del Estado y un déficit estructural del sistema de justicia para resolver hechos que en los que se sospechan tramas de encubrimientos policiales, políticos y/o judiciales. Como en otros casos, los funcionarios de la justicia a cargo de las investigaciones no han asumido recaudos mínimos como apartar de la investigación a la policía provincial, ante las sospechas manifestadas por los familiares de un posible involucramiento policial, dados los antecedentes de hostigamiento de los que había sido víctima Facundo. Si la investigación queda en manos de la propia fuerza sospechada, aumentan las posibilidades de que se introduzcan hipótesis falsas o se descarten otras que orientarían la investigación hacia la responsabilidad policial. A esto se suma una disposición del código de procedimientos provincial que mantuvo durante los primeros seis meses de investigación el secreto de sumario sobre la causa. De este modo, se impidió que los abogados de la familia pudieran ejercer un control del curso del proceso justamente en los primeros meses, el período más crítico para investigar las desapariciones.

Las características que posee la desaparición, y más aún si hay sospechas de que podría tratarse de una desaparición forzada, la transforma en una figura que requiere la mayor diligencia estatal. Las características de este delito hacen necesario que el Estado tome en cuenta circunstancias que podrían no ser requeridas en la investigación de otro tipo de delitos. Esa especial obligación de investigar implica el deber del Estado de remover todos los obstáculos de hecho y de derecho que puedan impedir el avance de la investigación. El Estado está obligado a investigar un caso bajo esta figura penal apenas aparezcan sospechas razonables de que se trata de un caso de desaparición forzada.

 

 

 

**Manuel Trufo participa en el Área de Justicia y Seguridad del CELS coordinando el Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional dentro de la organización. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una organización no gubernamental que desde 1979 y la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina.